El derecho a migrar y el principio de ciudadanía universal estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, se enfrentan a la materialidad de los hechos en el caso de inmigración venezolana, la cual develó la insuficiencia de las políticas públicas vigentes. El principio de igualdad ante la ley y no discriminación cobran importancia al momento de acceder a la atención de salud universal, no solo debido a las normas locales, sino a los estándares internacionales de protección, en especial en época de pandemia. Las cifras analizadas en el trabajo dan cuenta del acceso al sistema de salud ecuatoriano por parte de personas inmigrantes, sin embargo, la falta de información, no permite saber si en el 2020 estos pacientes fueron atendidos por motivos relacionado con el COVID 19 u otras causas. Un manejo efectivo de las cifras, permitirá tener mayor claridad para la elaboración de políticas públicas a futuro. En la investigación, se destaca la labor mancomunada entre el Estado ecuatoriano y Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) de ONU-OIM, como un ejemplo de tarea conjunta que puede permitir un mejor y mayor acceso al derecho a la salud con calidad y la calidez.
