En Uruguay, no delatar al prójimo es un delito. Al ingresar a la Universidad, los estudiantes juran por escrito que denunciarán a todo aquel que realice, en el ámbito universitario, «cualquier actividad ajena a las funciones de estudio». El estudiante se hace co-responsable de cualquier episodio que ocurra en su presencia. En el proyecto de una sociedad de sonámbulos, cada ciudadano debe ser el policía de sí mismo y de los demás. Sin embargo, el sistema, con toda razón, desconfía. Suman cien mil los policías y los soldados en Uruguay, pero también suman cien mil los informantes. Los espías trabajan en las calles y en los cafés y en los ómnibus, en las fábricas y los liceos, en las oficinas y en la Universidad. Quien se queja en voz alta porque está tan cara y dura la vida, va a parar a la cárcel: ha cometido un «atentado contra la fuerza moral de las Fuerzas Armadas», que se paga con tres a seis años de prisión.