Jacinto Barrera Bassols

Si algo tiene de relevante el juicio a Villavicencio y socios es que fue el último de los jurados populares en México al que se le encomendó un delito relacionado con el abuso de autoridad. De hecho el más espectacular de los juicios populares del siglo XIX, marcó el punto de inflexión de esa práctica jurídica recién implantada y poco desarrollada en el país.

Si algo tiene de relevante el juicio a Villavicencio y socios es que fue el último de los jurados populares en México al que se le encomendó un delito relacionado con el abuso de autoridad. De hecho el más espectacular de los juicios populares del siglo XIX, marcó el punto de inflexión de esa práctica jurídica recién implantada y poco desarrollada en el país.

Visto en perspectiva, nada había favorecido más el crecimiento del Banco Minero que las crisis económicas y financieras, regionales, nacionales e internacionales que enfrentó a lo largo de su historia.

Los bancos de emisión, como lo era el Minero, constituían el talón de Aquiles del sistema financiero mexicano de aquella época. Un sistema caracterizado por la contradicción existente entre la banca central representada por el Banco Nacional de México y los bancos regionales.

Ante el hecho consumado, el juez Ramos, cuestionado sobre el caso, insinuó que Villavicencio era una pieza sacrificable y se preocupó de deslindar al gobernador Creel de cualquier responsabilidad en el caso. A la pregunta de si consideraba a Villavicencio capaz de torturar, Ramos respondió: “Lo creo capaz, y tengo motivos para suponer que cometió algunos atropellos, no por órdenes de don Enrique Clay Creel, que en esa época se hallaba en los Estados Unidos con el carácter de embajador, sino de motu proprio o sugestionado por terceras personas, que se hallaban entre bastidores.” Al mismo tiempo el juez se­ña­ló: “Aun en el caso de que comprobara el delito, Villavicencio no debía ser reducido a prisión, ni podría sentenciarse, porque a la fe­cha ha prescrito la acción penal. Las responsabilidades oficiales —re­cor­dó—, según la ley, prescriben al año, y este caso data de mucho mayor tiempo”.

El puerto de Veracruz era entonces paso obligado de todos aquellos que querían salir del país cuando el régimen huertista comenzó a tambalearse. Pero el puerto era también centro de espionaje y contrabando.

Tampoco existían ya las viejas oligarquías regionales, que detentaban y articulaban poderes territoriales, mercantiles, financieros y políticos, como la terraceña que encabezara su patrono de ocasión, Enrique Creel. Años habrían de pasar para que en el país volviera a concentrarse en una sola persona la dirección de un emporio financiero y la gubernatura de un estado.

Pero no todo es discontinuidad. Las características generales del cuerpo de gendarmes de la policía capitalina al que perteneció Villavicencio no se vieron modificadas por la irrupción revolucionaria. Las quejas de los gendarmes en torno a la corrupción imperante en el mismo, por ejemplo, aún se prolongan hasta nuestros días.

En ese sentido el “Caso Arroyo”, del que Villavicencio fue protagonista clave, prefigura la constelación formada por los medios de comunicación, la opinión pública y los poderes estatales, en cuyo interior se procesan tales efectos.

Cualquier lector de prensa de hace un siglo, como cualquier televidente de hoy, se supo y se sabe sujeto a ella.